Motores de restauración en Costa Rica

Al menos desde los años 70, se empezaron a manifestar en diversos sectores de la población nacional preocupaciones por las consecuencias de los procesos de degradación, causados ya sea por la reducción de la cobertura arbórea, la erosión, la reducción o contaminación de cauces de agua, la pérdida de productividad agrícola debida a la reducción en la fertilidad de los suelos, el acúmulo excesivo en los suelos de insumos agrícolas como el cobre de los fungicidas aplicados al banano, la generación de resistencia a pestes y plagas agrícolas debido al uso inadecuado de agroquímicos, la contaminación de ríos con desechos químicos y solidos de la actividad agrícola, industrial y urbana, entre otros (Programa Estado de la Nación 2017).

 

El estado, a través de instituciones como el Ministerio de Agricultura, inició la promoción de buenas prácticas en el manejo de suelos, plagas y enfermedades.  En esa misma época se inició la creación de parques nacionales en el país, así como algunas políticas para promover reforestación, principalmente con un enfoque comercial (CADETI 2000).

 

Hacia el final de los años ochenta, se inicia la evolución de la economía nacional desde la dependencia en unos pocos cultivos de exportación para la generación de divisas, primero hacia una diversificación de los tipos de productos agrícolas exportados, luego hacia una participación cada vez mayor de los sectores de servicios, industria y tecnología en la economía y el PIB.  Esta evolución generó nuevas fuentes de empleo, que hicieron que la agricultura de subsistencia, y la búsqueda de nuevas tierras para la misma fuese decreciendo hasta hoy, al tratarse de una actividad fuertemente vinculada a la pobreza y a la falta de mejores oportunidades.  La agricultura más competitiva empezó a ser controlada por personas y empresas con mayor poder económico y tecnología, se volvió una actividad más especializada y concentrada en áreas determinadas, se redujo la presión sobre el bosque remanente y áreas poco productivas para agricultura empezaron a ser abandonadas (Arana et al. 2009, Morales et al. 2016, CDI 2015).

 

El cambio de bosques a ganadería pasó de una intensidad de 390 km2/año al inicio de los 1980s a 150 km2/año al inicio de los 2000s, lo anterior de la mano con una reducción de 2 a 1,3 millones de cabezas de ganado (CDI 2015).

 

Entre 1984 y 2001 la proporción de la población rural económicamente activa trabajando en comercio, restaurantes y hoteles creció en un 115%, la dedicada al transporte, almacenamiento y comunicaciones 113%; la vinculada a la gestión de electricidad, gas y agua 46%.  Posteriormente, entre 2000 y 2011, esos mismos sectores crecieron 18%, 2% and 83% respectivamente (CDI 2015).

 

Entre 1984 y 2014, el área dedicada a la agricultura se redujo en 21.6%.  La que tuvo mayor reducción fue el área dedicada a granos básicos, mientras el área de nuevos cultivos de exportación se incrementó (Programa Estado de la Nación 2017).  Mientras en el periodo 1987-2013, el área de frutas, cítricos, piña, banano y mango creció más de 800 km2, entre 1990 y 2014 el área de maíz decreció en 540 km2 y la de frijoles perdió 225 km2 (CDI 2015).

 

Desde los ochenta, se ha mantenido una tendencia de crecimiento de las nuevas áreas de bosque que ocupan lo que eran pastizales.  En Guanacaste, del 2005 al 2015 la cobertura arbórea aumentó de 51% a 60%.  Durante los últimos años el país ha mantenido una cobertura estaba por encima de 52%, la cual no incluye usos como plantaciones forestales, sistemas silvopastoriles o agroforestales, que podrían incrementar los usos forestales hasta un 62% del territorio (CDI 2015, Programa Estado de la Nación 2017).

 

En la actualidad se vive una dinámica donde se pierden áreas de bosque en unas zonas y se ganan en otras, dependiendo de factores como mercados, costos de oportunidad u otras presiones socioeconómicas, así como los incendios forestales, muchas veces provocados adrede.  Es fundamental lograr que el bosque secundario sea un uso de la tierra que represente una opción productiva para el propietario, para evitar la tendencia a evitar la regeneración natural o deforestar esos bosques (Arana et al. 2009, CDI 2015, Henao et al. 2015, Programa Estado de la Nación 2017).

 

La claridad en las condiciones de tenencia de la mayor parte del territorio, aunada a la cada vez menos frecuente práctica de invasión de áreas boscosas para desarrollar agricultura de subsistencia o validar derechos de tenencia (como era común hasta hace un par de décadas) han reducido notablemente la deforestación en el país (CDI 2015).

 

Hay políticas y leyes que han contribuido a la recuperación de áreas de bosque en el país.  Estas han evolucionado desde la creación de la Dirección General forestal (DGF), en el año 1969, con la Ley Forestal 4465 y sus reformas (Leyes 7032 y 7174), las cuales crearon los primeros incentivos para la reforestación, como la deducción del impuesta a la renta, y los certificados de abono forestal.  La exoneración del impuesto territorial, hoy llamado de bienes inmuebles, aún se mantiene (artículos 23 y 29 de la Ley Forestal 7575), también la protección contra precarismo (artículo 36 de la Ley Forestal 7575).

 

Es de particular importancia la prohibición de cambio de uso del suelo en tierras con bosque estipulado en la ley forestal, el mejoramiento en las herramientas de control y monitoreo o el programa de Pago por Servicios ambientales (PSA).  Este último brinda un apoyo financiero a los propietarios de bosques bajo protección absoluta, bosques conservados con manejo forestal, plantaciones forestales y sistemas agroforestales.  Entre 1997 y 2016 FONAFIFO hizo pagos dirigidos a 1,2 millones de hectáreas (Programa Estado de la Nación 2017).

 

Adicionalmente, las áreas prioritarias para la recepción del PSA se definen tomando en cuenta si por su ubicación contribuyen a zonas calificadas como críticas para servicios prioritarios como provisión de agua, conectividad o conservación de biodiversidad.  De esta forma, el PSA se constituye en una herramienta de promoción de la restauración.

 

Varias leyes contienen aspectos relevantes para evitar la degradación o para favorecer la restauración, entre las cuales se destacan la Ley Orgánica del Medio Ambiente 7574, la Ley Forestal 7575, la Ley de Biodiversidad 7778 y la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos 7779 (CADETI 2000, Programa Estado de la Nación 2017).